Los colegios de las Hermanas de la Cruz, Altair y Ribamar recuperan los conciertos

 Fuente: ABC de Sevilla

El TSJA, tal como hizo inicialmente con Albaydar, les concede las medidas cautelares mientras se resuelve el recurso principal que interpusieron contra la decisión de la Junta de Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado autos concediendo las medidas cautelares a los centros sevillanos de educación diferenciada de las Hermanas de la Cruz (Ángela Guerrero, en Sevilla capital, y Nuestra Señora de Lourdes, en Carmona), Ribamar y Altair, enla misma línea que ya lo hiciera inicialmente con el centro Albaydar.

Las medidas conllevan la recuperación del concierto educativomientras se resuelve el recurso principal que los centros interpusieron contra la Junta de Andalucía por denegarles dichos conciertos, pese a que la ley orgánica actualmente en vigor, la Lomce, reconoce la financiación con fondos públicos de estos colegios.

Carmen Mora de la Rosa, asesora jurídica de CECE Andalucía y de la que depende la dirección letrada de estos recursos, ha expresado su satisfacción por el contenido de los autos, indicando que las medidas otorgadas van a propiciar que «dos mil familias vayan a optar por el centro educativoque han elegido libremente, por estar conforme con su proyecto educativo». Del mismo modo, permitirá que «no se vaya a producir la inminente pérdida de empleo prevista de tan buenos profesionales y de tanta trayectoria».

Según la letrada, las medidas «son ejecutables de inmediato, con independencia de los recursos que pueda interponer la Administración». Se prevé que en próximas fechas, el TSJA pueda ir resolviendo en similares términos para los otros siete colegios de educación diferenciada de la región, que también recurrieron la denegación de los conciertos por parte de la Junta y que solicitaron medidas cautelares.

El TSJA obliga a la Junta a devolver los conciertos educativos a los Colegios de Educación Diferenciada de Andalucía

Fuente: El Correo de Andalucía

 

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado la petición presentada por la escuela femenina Albaydar de Sevilla  de suspender cautelarmente la decisión de la Junta de denegarle el concierto para el próximo curso por no admitir a alumnos de ambos sexos. El centro, al igual que los otros 11 colegios de educación diferenciada a los que la Junta les denegó el concierto -ellos los sevillanos Ribamar, Altair, Ángela Guerrero, Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, Elcható y El Molino Azul- recurrió  la negativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta a concederles subvenciones públicas en una decisión idéntica que el pasado curso avaló el Tribunal Supremo y mientras se resuelve el recurso de fondo, pidió que se suspendiera la decisión de la Junta. El TSJA abrió una pieza separada para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por los colegios y en un primer auto fechado el 14 de mayo acuerda su concesión para el caso del Albaydar.

Argumenta el TSJA que la ley educativa a la que se acogió la Junta para rechazar los conciertos de los colegios no mixtos, y en la que se basó el Supremo para avalar su decisión, ha sido modificada por la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada a principios de año, en la que el Ministerio de Educación dirigido por José Ignacio Wert blinda expresamente la subvención de los colegios de educación diferenciada. La Junta ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley aún pendiente y el TSJA entiende que mientras se resuelve procede mantener las ayudas públicas a estos colegios por cuanto “las leyes modificadas, específica y singularmente, consideran que la educación diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos de la concertación” y entiende que la Junta en sus argumentos jurídicos contra el recurso presentado por el colegio “no ha dado un solo argumento jurídico ni fáctico consistente en el proceso cautelar que permita considerar que la ley no es aplicable al centro solicitante”.

De hecho, el auto echa por tierra el argumento de la Junta de que el centro no cumple los requisitos ya que alega que en los años anteriores los cumplía y la Consejería Educación no especifica los incumplimientos, más allá del debate sobre la financiación de los colegios que la Junta considera sexistas. Y aunque no entra en el fondo del recurso en sí y se limita a ordenar la suspensión cautelar de la retirada del concierto, afirma que una vez modificada la ley educativa “no cabe ya sino objetar” al sostenimiento de estos centros con fondos públicos “por razones de otra índole, ajenas a lo estrictamente legal, para introducirse en lo puramente ideológico o político, cuestiones estas que en esta sede jurisdiccional no corresponde tratar”.

De igual forma insiste en que “el interés general al que se refiere la Ley Jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el de la Administración, sino el de la ciudadanía, y preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad educativa, a quien sirve con objetividad y eficacia, y desde esta perspectiva, el que haya 8 o 12 colegios o los que sean, en todo caso porcentualmente mínimos en el ámbito de la prestación escolar de la comunidad autónoma no puede originar un perjuicio a ese interés general”.

El TSJA rechaza el argumento de la Junta sobre el efecto económico para sus arcas de sostener este modelo educativo por ese carácter minoritario -entre los 12 centros hay unos 2.000 alumnos afectados- pero sí cree probado el perjuicio incluso para la supervivencia del Albaydar que supone la retirada del concierto. De ahí que acuerde la suspensión cautelar de la denegación del mismo, y por tanto su reposición, mientras se resuelve el proceso judicial al entender que cuando este culmine el daño puede ser irrecuperable.

Contra este auto cabe recuerso de reposición en el plazo de cinco días. La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE), cuya asesoría jurídica lleva los recursos de estos centros, aplaudió la decisión del TSJA que confió se repita en cascada para los 12 colegios afectados. La Junta aún no se ha pronunciado al respecto.

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ABC de Sevilla

Diario de Sevilla

El Diario

Europa Press

Los centros de educación diferenciada podrán solicitar de nuevo el concierto en marzo

Fuente: Diario de Sevilla

Los centros privados de educación diferenciada por sexo a los que la Junta retiró el concierto podrán volver a solicitarlo a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), es decir, a principios de marzo. Esta es la primera medida de la nueva ley que se pondrá en marcha, ya que el resto lo harán en septiembre del año que viene, al inicio del curso escolar 2014-2015. La Lomce entra en vigor a los veinte días de su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir el próximo 3 de enero, ya que no se cuentan los domingos y festivos.

“Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor”, establece el texto normativo.

Los centros andaluces afectados fueron Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair, en la capital; Elcható de Brenes (Sevilla), el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla), Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada).

La medida se introdujo durante la tramitación parlamentaria de la Lomce en el Senado, a través de una enmienda de UPN, aceptada por el PP. La Lomce, a diferencia de la LOE, establece en su articulado el respaldo a la educación diferenciada por sexo y asegura que “no constituye discriminación”, “siempre” que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención” relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 14 de diciembre de 1960.